La muestra más clara de la relación que se da entre los congresistas y la ciudadanía es la entrevista que realizó Rosa María Palacios a Lourdes Alcorta y Aurelio Pastor. No solo desconocen que las personas detrás de los blogs son ciudadanos, algo parecido aunque más terrible sucedió en los 80 cuando “desaparecían” campesinos en la sierra peruana, también piensan que los peruanos somos unos imbéciles. ¿Quién le falta el respeto a quién? Aurelio Pastor intenta engañar al público al plantear implícitamente que los funcionarios públicos no tienen por qué rendirle cuentas a la población. Si esto fuera cierto, tal como lo dijo la periodista, es mejor que deroguen la Ley de Acceso a la Información Pública  por ser letra muerta.  Otra cuestión interesante que surge de la entrevista es la aparente ignorancia que tienen los dos congresistas de cómo un funcionario público tiene que rendirle cuentas al Estado. Esa argumentación no es ninguna novedad, incluso fue usada por la congresista Sucari al momento de justificar su falta: “Si es que lo hice fue por la falta de experiencia y desconocimiento de los procedimientos administrativos, pero de buena fe y con mucha voluntad”. ¿Les creemos? Por supuesto que no. Los congresistas primerizos llevan más de dos años en el ejercicio de sus funciones, suficiente tiempo como para “aprender” lo que deben y no deben hacer. Incluso, los casos de los congresistas anteriormente sancionados han sido ejemplos ilustrativos que obviamente no han dado frutos. Además, hay que tomar en cuenta que al igual que nosotros, no son entes creados desde el momento de su investidura congresal. ¿Acaso a nosotros se nos perdona si no rendimos cuenta cabal de nuestros impuestos a la SUNAT? ¿Acaso no se nos sanciona si falseamos la documentación? ¿Acaso no se nos despide si cometemos faltas similares a las de los congresistas? El trasfondo de todo esto es que para los congresistas el Estado es de su propiedad. Lamentablemente, aún vivimos en un Estado Patrimonial. Existe un halo de impunidad para nuestros operadores políticos que se sienten capaces de hacer lo que se les viene en gana. Por eso, ahora están tan sorprendidos de que les pidamos una rendición de cuentas. ¿Con qué derecho? Se preguntan ellos. Una de las pruebas más flagrantes de que los Congresistas hacen lo que les viene en gana, es la afirmación del abogado defensor de la congresista Sucari, durante el pleno del Congreso del 25 de setiembre: “con relación al exigirle que entregue una parte de su sueldo, esa constituye una práctica y normatividad interna del Parlamento que permite el desdoblamiento del personal (…)”. En otras palabras, lo que el ínclito abogado señala es que existe una costumbre, por parte de los congresistas, de pedir a sus trabajadores una parte de su sueldo. Frente a esta alarmante afirmación, nadie en el pleno dijo nada. Mentir, falsificar, chantajear y fraguar son los verbos favoritos de nuestros padres y madres de la patria. No los escandaliza absolutamente nada, puesto que casi todos tienen rabo de paja. Por eso, les resulta tan fácil defender al congresista Anaya quien presentó una boleta de venta de una empresa que negocia autopartes para justificar la compra de sus pasajes a Italia. O respaldar a la congresista Sucari, quien siempre actúa de buena fe, que le exigió a una trabajadora suya parte de su sueldo y la hizo aparecer en la planilla del Congreso un mes antes de su real contratación, para cobrar ese mes por ella. ¿Cuál es lo realmente escandaloso de todo esto? La impunidad. Efectivamente, el congresista Anaya si viajó a Italia, pero como la Tesorería del Congreso no le quiso admitir los boletos de avión que estaban casi ilegibles, el congresista falsificó una boleta de venta para poder recuperar sus gastos. Así de sencillo. Anaya no quiso perder unos centavos a pesar del jugoso sueldo que recibe como congresista. No conforme con esto, le mintió a la Comisión de Ética del Congreso, señalando que no había presentado tal boleta, como consta en la Tesorería del Congreso. A la vez que hizo desaparecer todos sus documentos relativos a sus gastos operativos. ¿Estupidez o autosuficiencia? Por su parte, Sucari se empecinó en mayo de este año en que Giovanni Palacios trabajara en su despacho, pero como no fue admitido por el Congreso por no cumplir con todos los requisitos, hizo lo que le vino en gana. Es decir, contrató en junio a la señorita Araujo Salinas con el propósito de servirse de ella para pagarle el sueldo a Palacios. Lo que primero hizo fue hacerla aparecer como trabajadora del Congreso desde mayo del 2008, para así cobrar un sueldo íntegro para Palacios. Luego, le pidió a Araujo parte de su mensualidad para dárselo también a Palacios. ¿Estupidez o autosuficiencia? ¿Por qué le dieron luz verde a la acusación constitucional de Anaya y no a la de Sucari?  Porque la acusación de ©Anaya se basa en copias de boletas de venta, y las copias no tienen mucho valor como pruebas de delito para el Poder Judicial. Por ende, Anaya tiene todas las posibilidades de salir bien librado del asunto. En cambio, Sucari tiene todas las de perder. Por eso, el pleno del Congreso, bajo la coordinación de la Mesa Directiva, decidió salvarla. No obstante, surgen más preguntas. ¿Cómo se explica que a Sucari el Congreso solo le haya sancionado con 60 días y al congresita (blogger) Espinoza con 120 días por una conducta infraterna? ¿Existe alguna relación de parentesco entre el Presidente del Congreso Javier Velásquez Quesquén y el abogado defensor de Sucari, Enrique José Llontop Quesquén? ¿Es verdad que es una costumbre de los congresistas exigir parte del sueldo de sus trabajadores? En un país pobre como el nuestro, resulta ridículo, por no decir grosero, que los congresistas cobren además de su sueldo la cantidad de S/.7,617.20 por gastos operativos. Y que, sin embargo, no quieran rendir cuentas sobre ello. Como ciudadanos partícipes de un sistema democrático, planteo que se debe exigir lo siguiente: La reducción del suelo de los congresistas en proporción a la cantidad destinada a sus gastos operativos. Es decir, que les reduzcan S/. 7, 617.20 de sus sueldos. La rendición de cuentas del 90% de los gastos operativos, como se hacía anteriormente, aunque esta vez debemos asegurarnos que no sea letra muerta. La puesta en práctica de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante campañas constantes de vigilancia ciudadana. Para que así los otorongos no se olviden de nosotros. La revocatoria de los congresistas. La prohibición del uso de las sesiones reservadas del Congreso salvo para los casos relacionados a la Defensa Nacional. Para evitar que los otorongos no utilicen esa medida para no debatir en público temas como los de Canchaya, Menchola, Sucari o Anaya.